EL PODER EJECUTIVO PROMULGÓ EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS
Se trata de la Ley 4.941, que fue publicada
ayer en el Boletín Oficial. Fue aprobada por la Legislatura
El Código de Procedimientos Mineros derogó
la normativa anterior que regía en esta materia, que data de 2.002. Fue un
proceso que se inició en el 2.012 y se consolidó el año pasado en diferentes
encuentros con todos los actores del sector. Allí se planteó la necesidad y
utilidad de contar con un marco legal que expresara el programa asumido desde
la gestión del Estado para la actividad minera.
“La minería es una actividad compleja,
multidimensional; en ella convergen aspectos técnicos, operativos, ambientales,
sociales y legales que involucran a la sociedad civil y las áreas de gestión
provincial”, expresó el Secretario de Minería, Gustavo Ferreyra.
El funcionario indicó que “respetando las
responsabilidades y derechos de cada uno de ellos, la ley 4.941 establece
reglas claras para la acción de la política pública en orden a mejorar los
estándares actuales de las operaciones de segunda y tercera categoría”.
El control de las operaciones y el tránsito
de los minerales actualmente en explotación es el primer paso para un cambio
positivo en la forma en que la sociedad observa y percibe a la minería y el
cumplimiento de la responsabilidad de control del Estado. “La nueva ley da a la
autoridad de aplicación los elementos necesarios para la actuación ante
conductas u operaciones irregulares cuya tipificación, medidas precautorias y
posibles sanciones están expresamente contempladas”, agregó Ferreyra.
El nuevo Código de Procedimientos Mineros
introduce un control específico de la Autoridad Minera sobre diversos aspectos
de las actividades exploratorias de minerales metalíferos y energéticos, cuyos
aspectos principales se presentan en un capítulo de responsabilidad social y
buenas prácticas. En este apartado se plasma una serie de condiciones que
deberán reunir los interesados en desarrollar la industria de exploración en el
territorio provincial, sean ellos titulares de derechos mineros, contratistas y
/ o empleados. Incluye la obligación de consignar sus antecedentes, las formas
en que prevén actuar con las comunidades de las áreas de exploración y la
presentación de una Declaración Jurada de Responsabilidad Social y Buenas
Prácticas. Además, las empresas con casa matriz fuera de Argentina deberán
presentar sus reportes de sustentabilidad. La existencia de delitos comprobados
en esta materia implicará la imposibilidad para operar en Río Negro.
También se agregó la obligatoriedad de
realizar estudios hídrogeológicos en los proyectos en etapa de exploración
avanzada y los programas de capacitación, empleo y contratación de proveedores
locales en las áreas de las operaciones. Parte de este capítulo consiste en que
la Autoridad Minera realizará una consulta pública al cierre de la fase de
exploración y en forma previa a la presentación del informe de impacto
ambiental para explotación. Este capítulo también contiene el proceso de
información y consulta previa a cargo del Estado en los casos en que las áreas
de interés involucren a comunidades originarias.
Otro articulado destacado del nuevo Código
es el referido a las minas vacantes. En forma previa a la publicación se dará
vista a la Empresa Minera Rionegrina S.A. (EMIRSA) para que dentro del plazo de
180 días exprese su voluntad de someter al área a investigaciones. Al igual que
toda operación por la que se pretenda transferir derechos sobre minerales de
primera categoría metalíferos y/o energéticos, deberá ser informada al Estado
Provincial.
“El nuevo marco legal minero provincial
expresa la voluntad unívoca del Poder Ejecutivo y de la Legislatura para
encaminar a la minería como una actividad con estándares de excelencia y
cumplimiento de sus actuales operaciones y marca el camino para profundizar el
conocimiento sobre el potencial real minero de nuestro territorio para
beneficio de las actuales y futuras generaciones de rionegrinos”, concluyó
Ferreyra.
Fuente: ADN
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