PIDEN DECLARAR INCONSTITUCIONAL UNA LEY QUE LIMITA A LAS EMPRESAS MINERAS
Una norma de 2007 impide utilizar varios compuestos químicos
para la extracción de metales. Aseguran que es discriminatoria y que frena inversiones
por u$s 5.000 millones.
Empresas mineras y firmas relacionadas a la actividad en la
provincia de Mendoza instaron a la Corte “prohibe inconstitucionalmente la
industria minera metalífera”.
Según un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios
Mineros (Camem), esa provincia podría incrementar en más de u$s 1.215 millones
la producción anual si se rehabilitara la actividad minera metalífera,
restringida por la ley 7.722. Este dato implica que, cada cinco años, Mendoza
deja de percibir impuestos, directos e indirectos, por u$s 232 millones.
Mendoza tiene un importante potencial minero metalífero:
cobre, oro y uranio. Por eso, las empresas piden que se declare la
inconstitucionalidad de la norma. El petitorio fue firmado por 12 compañías y
ya está bajo análisis de la Suprema Corte de la provincia.
El planteo también se apoyó en un dato de magnitud: de
acuerdo con la Camem, la ley que impide el uso de compuestos químicos para la
extracción de metales mantiene en suspenso inversiones por u$s 5.000 millones
o, lo que es lo mismo, casi todo el presupuesto comprometido en el proyecto
Potasio Río Colorado, que la minera Vale abandonó este año en la provincia.
En los cálculos del sector, reactivar sólo emprendimientos
como los de Sierra Pintada (uranio); Don Sixto (cobre y oro) y San Jorge,
concentraría en dos años unos u$s 1.500 millones, además de crearse 1.500
puestos de trabajo directos.
En su presentación, la Camem asegura que la Ley 7.722, del
año 2007, “ha discriminado a este sector
industrial prohibiendo los métodos de beneficio e industrialización mineral más
conocidos y aplicados en todo el mundo”. Según la entidad, desde que se puso en vigencia la ley, la
Autoridad Ambiental emitió dos declaraciones de Impacto
Ambiental para proyectos mineros metalíferos. Uno, San Jorge (en producción) “fue archivado sin fundamento explícito
por la Legislatura Provincial conforme la cuestionada ley 7.722” y el otro, Huemul (en exploración) “sigue a la espera de su ratificación
legislativa desde fines de 2009”. Ello “pese a que ambas fueran aprobadas por el Poder Ejecutivo bajo
los términos de la Ley 7.722”, aseguró la Camem. “Otros 50 Informes de Impacto Ambiental de proyectos de
prospección y exploración
minera se encuentran demorados en su proceso administrativo desde que esta Ley
fuera aprobada”, asegura el análisis de la entidad sobre la realidad minera provincial.
Fuente: Cronista.com
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