jueves, 10 de julio de 2014

LA LEGISLATURA DEVOLVIÓ EL PROYECTO ANTIMINERO DE LAS ASAMBLEAS


LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES QUIERE QUE EL CONTROL DE LAS FIRMAS SEA DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE. DIPUTADOS SOSPECHAN QUE HAY FIRMAS RECOLECTADAS QUE PRESENTAN ADULTERACIONES

Vecinos de Esquel a favor de un desarrollo minero e incluso legisladores, entre ellos el diputado Gustavo
Reyes venían advirtiendo que tras revisar las firmas recolectadas por las asambleas ciudadanas con el objeto de promover el Proyecto de Pey de Iniciativa Popular que apunta a  establecer “parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones minera”, se detectaban irregularidades como firmas de menores de edad, firmas de ciudadanos que no viven en la provincia e incluso hasta plantearon la existencia de firmas de ciudadanos inexistentes o falsificadas. Esto fue desmentido categóricamente por los impulsores de la iniciativa y se respaldaban en el hecho de que esas firmas habían sido certificadas por una escribana.

A poco de que el proyecto tenga Estado Parlamentario, la propia legislatura devolvió a la Justicia Electoral el proyecto para que se analice si se ha cumplido con la legislación vigente que regula las formas y parámetros para que se considere dentro de lo legal la recolección de firmas que avalan el proyecto de ley de Iniciativa Popular.

El diario El Patagónico publicó este martes una entrevista al secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber, quien aclaró que el proyecto que impulsaba un grupo de ambientalistas que presentó más de 10 mil firmas fue devuelto por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, con una nota desde la Comisión de Asuntos Constitucionales donde deja asentado que devuelve el proyecto invocando que no se cumplió con el sistema de recolección de firmas.

“No se habría adecuado a la ley que reglamenta la recolección de firmas”, aseguró el secretario del Tribunal, Jean Loup Gerber. Y aclaró que en los próximos días se convocará al Tribunal para resolver la cuestión o se analice la nota que envió la Legislatura.

Asimismo, agregó “ya se dictaminó y mandamos el trámite donde ellos objetan. Pareciera que la nota no es muy clara; no se habrían cumplido con todos los pasos de la ley”, dijo.

Asimismo, el secretario aclaró que hay una ley de Iniciativa Popular en la que en su momento el Tribunal entendió que era la adecuada, donde el único requisito era verificar que el 10% del listado estuviese empadronado en la provincia.

“La semana próxima se entra en feria. Hay que apurar los pasos para concretar una reunión antes; pero la decisión del Tribunal fue unánime”, manifestó Gerber.

INICIATIVA POPULAR ANTIMINERIA 
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Héctor Trotta, indicó que la Junta Electoral de la Provincia a la hora de elevar el proyecto a la Legislatura, envió una nota, “con una descripción del procedimiento que hizo esa Junta Electoral y en donde aparentemente se había omitido la ley que establece y regula el mecanismo de la recolección de firmas y que fue sancionada en la gestión pasada”.

“Simplemente hicimos una consulta, sobre si se había tenido en cuenta esta ley que establece determinadas normas, como es el tema del control de la calidad de elector que tiene cada uno de los firmantes de la nota en las últimas elecciones nacionales, el contar con el proyecto en cada una de las hojas, y la mecánica de certificación que se hizo por muestreo y solamente sobre la primera muestra”, informó el legislador indicando que el Tribunal Electoral habría implementado en su procedimiento una ley previa a la vigente.

“Si no hubiera una percepción que generara dudas, no se habría elevado la consulta (al Tribunal Electoral)” sostuvo Trotta evitando adelantar si se estaría ante un erro de parte de ese Tribunal Electoral, “eso lo corroboraremos con la repuesta. Además de ser el máximo Tribunal Electoral de la Provincia está integrado por personas”.
El diputado aseveró que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales “fue por unanimidad”.
“Le pedimos un dictamen al asesor letrado, quien plantea la necesidad de hacer la consulta al Tribunal porque coincide con que se deja un espacio de dudas respecto a la aplicación de la legislación vigente”, concluyó.
Mientras tanto, los plazos legales para el tratamiento del proyecto de ley siguen corriendo.


Fuentes: El Patagónico y FM Sol

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