LA LEGISLATURA DEVOLVIÓ EL PROYECTO ANTIMINERO DE LAS ASAMBLEAS
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
QUIERE QUE EL CONTROL DE LAS FIRMAS SEA DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE. DIPUTADOS
SOSPECHAN QUE HAY FIRMAS RECOLECTADAS QUE PRESENTAN ADULTERACIONES
Vecinos de Esquel a favor de un desarrollo
minero e incluso legisladores, entre ellos el diputado Gustavo
Reyes venían
advirtiendo que tras revisar las firmas recolectadas por las asambleas
ciudadanas con el objeto de promover el Proyecto de Pey de Iniciativa Popular
que apunta a establecer “parámetros de
sustentabilidad ambiental en las explotaciones minera”, se detectaban
irregularidades como firmas de menores de edad, firmas de ciudadanos que no
viven en la provincia e incluso hasta plantearon la existencia de firmas de
ciudadanos inexistentes o falsificadas. Esto fue desmentido categóricamente por
los impulsores de la iniciativa y se respaldaban en el hecho de que esas firmas
habían sido certificadas por una escribana.
A poco de que el proyecto tenga Estado
Parlamentario, la propia legislatura devolvió a la Justicia Electoral el
proyecto para que se analice si se ha cumplido con la legislación vigente que
regula las formas y parámetros para que se considere dentro de lo legal la
recolección de firmas que avalan el proyecto de ley de Iniciativa Popular.
El diario El Patagónico publicó este martes
una entrevista al secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup
Gerber, quien aclaró que el proyecto que impulsaba un grupo de ambientalistas
que presentó más de 10 mil firmas fue devuelto por la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Legislatura, con una nota desde la Comisión de Asuntos
Constitucionales donde deja asentado que devuelve el proyecto invocando que no
se cumplió con el sistema de recolección de firmas.
“No se habría adecuado a la ley que
reglamenta la recolección de firmas”, aseguró el secretario del Tribunal, Jean
Loup Gerber. Y aclaró que en los próximos días se convocará al Tribunal para
resolver la cuestión o se analice la nota que envió la Legislatura.
Asimismo, agregó “ya se dictaminó y
mandamos el trámite donde ellos objetan. Pareciera que la nota no es muy clara;
no se habrían cumplido con todos los pasos de la ley”, dijo.
Asimismo, el secretario aclaró que hay una
ley de Iniciativa Popular en la que en su momento el Tribunal entendió que era
la adecuada, donde el único requisito era verificar que el 10% del listado
estuviese empadronado en la provincia.
“La semana próxima se entra en feria. Hay
que apurar los pasos para concretar una reunión antes; pero la decisión del
Tribunal fue unánime”, manifestó Gerber.
INICIATIVA POPULAR ANTIMINERIA
El presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Héctor Trotta, indicó que la Junta Electoral de la Provincia
a la hora de elevar el proyecto a la Legislatura, envió una nota, “con una
descripción del procedimiento que hizo esa Junta Electoral y en donde
aparentemente se había omitido la ley que establece y regula el mecanismo de la
recolección de firmas y que fue sancionada en la gestión pasada”.
“Simplemente hicimos una consulta, sobre si
se había tenido en cuenta esta ley que establece determinadas normas, como es
el tema del control de la calidad de elector que tiene cada uno de los
firmantes de la nota en las últimas elecciones nacionales, el contar con el
proyecto en cada una de las hojas, y la mecánica de certificación que se hizo
por muestreo y solamente sobre la primera muestra”, informó el legislador
indicando que el Tribunal Electoral habría implementado en su procedimiento una
ley previa a la vigente.
“Si no hubiera una percepción que generara
dudas, no se habría elevado la consulta (al Tribunal Electoral)” sostuvo Trotta
evitando adelantar si se estaría ante un erro de parte de ese Tribunal
Electoral, “eso lo corroboraremos con la repuesta. Además de ser el máximo
Tribunal Electoral de la Provincia está integrado por personas”.
El diputado aseveró que el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales “fue por unanimidad”.
“Le pedimos un dictamen al asesor letrado,
quien plantea la necesidad de hacer la consulta al Tribunal porque coincide con
que se deja un espacio de dudas respecto a la aplicación de la legislación
vigente”, concluyó.
Mientras tanto, los plazos legales para el
tratamiento del proyecto de ley siguen corriendo.
Fuentes: El Patagónico y FM Sol
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