LA CARTA DE MARIO CAPELLO: "LA REPÚBLICA DE ESQUEL"
Compartimos con nuestros amigos lectores de Minería de
Verdad, la carta al lector escrita por el ingeniero en Minas Mario Capello publicada
en el sitio www.miningpress.com.ar y
que lleva por título la República de Esquel.
Entre otros conceptos, el profesional recuerda que la actividad minera fue declarada “de utilidad pública”
125 años atrás bajo el argumento de que "no existe ninguna otra
actividad que en un espacio tan reducido sea capaz de generar tanta riqueza,
construyendo al mismo tiempo Justicia Social".
Critica ademas la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Esquel que derivó en la quita de la habiltación comercial a las oficinas administrativas de la empresa Minas Argentinas, lo que valoró como un "amotinamiento político contra la Constitución Nacional, un Código de fondo y
Leyes Federales", considerando que se trata de un "accionar populista" que "priorizó los gritos a la ley, la mentira
a la verdad, los sillones supuestamente asegurados al esfuerzo de trabajar por
el bienestar general".
LA CARTA DE MARIO CAPELLO: "LA REPÚBLICA DE
ESQUEL"
“Esta Constitución,
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales”. Esto expresa el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional.
Si, nuestro pacto de convivencia o contrato social como
queramos denominarle a las disposiciones de nuestra Carta Magna, establecen la
jerarquía de los actos administrativos, es decir, los alcances que tienen cada
una de las normas. Sus disposiciones han sido hechas para Presidentes y Jueces,
Legisladores, Gobernadores, Intendentes y Concejales. Nadie por encima de la
ley, todos obligados a cumplirlas y exigirlas.
El rito consuetudinario del juramento debería repensarse.
Emocionados ciudadanos al asumir mandatos democráticos, generalmente rodeados
de familiares, proclaman emocionados que “Dios y la Patria” los demanden si no
cumplieran con las leyes. Ya nadie parece temerle a Dios, y la “Patria” no
tiene quién impute a los desobedientes en su nombre.
El populismo le está ganando a la democracia liberal y
republicana que se nos legara a partir de aquel lejano pacto fundacional en
1853. El bien común es postulado frívolo. El político populista está convencido
de que el conflicto social prevalece sobre el orden, que la política es el
reino de los antagonismos, y que no hay derechos ciudadanos sino necesidades de
establecer presencias hegemónicas.
En ese marco debemos insertar el accionar de dirigentes que
en siete provincias argentinas prohibieron la minería metalífera. A los
populistas no les importó que sus decisiones desatinadas fueran insostenibles
frente a la ciencia, que desenmascaraba los prejuicios que las originaban.
Tampoco sirvió la enumeración de los múltiples beneficios que rechazaban, pues
a su desarrollo no renunció voluntariamente ningún país del planeta. Ni
pudieron sustentar las prohibiciones desde la ética, pues lo que verdaderamente
esconden los satisfechos que aplauden a los políticos populistas, es la
indolencia común que acreditan frente a carencias elementales de otros seres
humanos.
La minería, fue declarada sabiamente “de utilidad pública”
hace 125 años atrás. Tenían razón aquellos patriotas, no existe ninguna otra
actividad que en un espacio tan reducido sea capaz de generar tanta riqueza,
construyendo al mismo tiempo Justicia Social.
Hace unos meses el Gobernador de Chubut Martín Buzzi desde
Esquel explicó que de cada 1.000 pesos que se pagan de salario a los empleados
públicos, 430 provienen de la “contaminante” industria petrolera. No he leído
que intendente o concejales de esa localidad, junto a empleados públicos:
médicos, maestros o administrativos que nutren marchas anti-mineras; se hayan
manifestado en contra de recibir ese importe en sus sueldos, ni que la
municipalidad rechace los dineros que ingresan gracias a regalías de tan
“indeseable actividad”.
La reciente decisión de concejales intendente y secretarios
de prohibir la continuidad de una oficina comercial minera en Esquel es un
amotinamiento político contra la Constitución Nacional, un Código de fondo y
Leyes Federales. El accionar populista priorizó los gritos a la ley, la mentira
a la verdad, los sillones supuestamente asegurados al esfuerzo de trabajar por
el bienestar general.
Tal vez quienes no quieran vivir bajo la tutela del orden
impuesto por la Constitución Nacional deban seguir otro camino. Sin regalías
petroleras, sin subsidios, sin minería. Viviendo de los recursos que me imagino
debe otorgarles el centro de esquí La Olla, los tributos de los turistas que
los visitan y del resto de las actividades productivas y comerciales. Que
financien con sus propios recursos el sistema sanitario, educativo,
administrativo, la seguridad. Y también constituyan una nueva justicia, donde
una ordenanza como pretenden los populistas, sea Constitución, Código y Ley.
Orgullosos de haber prohibido el establecimiento de una
oficina comercial minera, quizás llegó el momento de que llamen a otro
plebiscito, esta vez ya no para prohibir una industria lícita, sino para
constituir la nueva República de Esquel.
Mario Osvaldo Capello, Ingeniero de Minas
Fuente: www.miningpress.com.ar
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