"ESQUEL, SIN VERDAD NO HAY CONSECUENCIAS"
En un artículo publicado por el diario especializado Mining
Press, el reconocido ingeniero de minas Mario Capello, que es secretario de la
entidad que nuclea a sus colegas, el Cadim, sostiene la tesis de que la ciudad
de Esquel, en la cordillera chubutense, o al menos su dirigencia, debería
pensar seriamente en declararse independiente de Argentina, formando una
república aparte, ya que con sus actitudes frente a la minería está yendo en
contra de lo que dictamina el contrato social por autonomasia que es nuestra
Constitución Nacional.
“Tal vez quienes no quieran vivir bajo la tutela del orden
impuesto por la Constitución Nacional deban seguir otro camino”, sostiene en su
artículo Capello, aclarando que ello debe ser “sin regalías petroleras, sin
subsidios, sin minería, viviendo de los recursos que me imagino debe otorgarles
el centro de esquí La Holla, los tributos de los turistas que los visitan y del
resto de las actividades productivas y comerciales; que financien con sus
propios recursos el sistema sanitario, educativo, administrativo, la seguridad
y también constituyan una nueva justicia, donde una ordenanza como pretenden
los populistas, sea Constitución, Código y Ley”.
La crítica se basa en que días atrás, el intendente
esquelino, Rafael Williams, denegó la renovación de la habilitación comercial a
las oficinas administrativas de la compañía Minas Argentinas en esa ciudad,
apoyándose para ello en una ordenanza dictada el año pasado por el Concejo
Deliberante local, que dispuso que no se podía habilitar en toda la localidad a
una empresa minera.
Para los que no están al tanto, a inicios de 2012, la
subsidiaria de Yamana Gold en esa zona, Minas Argentinas –que opera el proyecto
Suyai, en el denominado Cordón Esquel– abrió una oficina en la ciudad, con el
fin de brindar desde allí información al público sobre las características de
su emprendimiento minero, en la que trabajaban unas 20 personas, para la que
obtuvo la habilitación municipal correspondiente. Tras ello, el Concejo
Deliberante dictó una ordenanza en la que se prohibió lisa y llanamente que
cualquier empresa minera tramitara una habilitación, aún cuando, como en este
caso, no estuviera produciendo ni fuera el proyecto contrario a la legislación
vigente en la materia.
Dice Capello: “El populismo le está ganando a la democracia
liberal y republicana que se nos legara a partir de aquel lejano pacto
fundacional en 1853. El bien común es postulado frívolo. El político populista
está convencido de que el conflicto social prevalece sobre el orden, que la
política es el reino de los antagonismos, y que no hay derechos ciudadanos sino
necesidades de establecer presencias hegemónicas. En ese marco debemos insertar
el accionar de dirigentes que en siete provincias argentinas prohibieron la
minería metalífera. A los populistas no les importó que sus decisiones
desatinadas fueran insostenibles frente a la ciencia, que desenmascaraba los
prejuicios que las originaban. Tampoco sirvió la enumeración de los múltiples
beneficios que rechazaban, pues a su desarrollo no renunció voluntariamente
ningún país del planeta. Ni pudieron sustentar las prohibiciones desde la
ética, pues lo que verdaderamente esconden los satisfechos que aplauden a los
políticos populistas, es la indolencia común que acreditan frente a carencias
elementales de otros seres humanos”.
Concluye: “La reciente decisión de concejales intendente y
secretarios de prohibir la continuidad de una oficina comercial minera en
Esquel es un amotinamiento político contra la Constitución Nacional, un Código
de fondo y Leyes Federales. El accionar populista priorizó los gritos a la ley,
la mentira a la verdad, los sillones supuestamente asegurados al esfuerzo de
trabajar por el bienestar general.”
SIN CONSECUENCIAS
Un aspecto de la decisión de la dirigencia esquelina que no
es abordada por el artículo del secretario del Cadim, es la forma en que los
responsables de la medida reaccionan ante la consecuencia directa de esta
decisión, que es el inicio de acciones legales y, fundamentalmente, que los
trabajadores de la compañía quedan sin empleo. El propio intendente Williams
fue claro al respecto, y sostuvo con total desparpajo que “no hace falta la
habilitación para seguir funcionando" y que “la minera puede funcionar sin
oficina y sin necesidad de despedir al personal”, proponiendo como alternativa
que tenga personal itinerante nombrado en otras regiones, y aprovechó para
culpar a Minas Argentinas de dejar en la calle a la gente.
Es decir, aplica una medida cuya consecuencia directa es,
además de un desconocimiento de leyes nacionales en vigencia, que se cierre una
oficina y la gente quede sin trabajo, y propone que la minera fuerce la
legislación que él mismo aplica, poniéndose casi al borde de la ilegalidad,
culpabilizándola por no hacerlo.
Y no es la primera vez que esto ocurre. A principios de este
año, ante el no tratamiento del marco regulatorio para la actividad minera en
Chubut, la operadora del proyecto Navidad (en cercanías de Gastre), Minera
Argenta, decidió reducir al mínimo su planta de personal en la zona, ya que no
había más tareas que realizar. La respuesta inmediata de las autoridades
provinciales que habían decidido que no se pudiera hacer minería en la zona fue
acusar a la compañía de querer presionarlos con la reducción, obligándola a
seguir pagando salarios aunque no trabaje ni le esté permitido hacerlo.
Ambos ejemplos son un espejo de la actitud infantil que
adoptan muchos de nuestros dirigentes, que es dictar normas sin pensar en las
consecuencias que podrían acarrear, y para colmo, no hacerse cargo de esas
consecuencias cuando son evidentes, echándole la culpa al damnificado.
En reuniones y exposiciones del sector minero, se habla
mucho de la contradicción que habría en el seno de las organizaciones
antimineras, que luchan para lograr la prohibición de la actividad y al mismo
tiempo utilizan celulares, cámaras, vehículos y tantos otros elementos de
empleo cotidiano, que serían inviables si no existiera la minería para proveer
la materia prima de sus componentes.
En lo personal, creo que no es contradicción, sino falta de
solidaridad y desconocimiento de que cada uno de nuestros actos conlleva una
consecuencia de la que tendríamos que hacernos cargo, porque esos grupos no
pretenden que desaparezca la minería, sino que no se haga cerca de ellos, que
se “envenenen”, según su particular visión, los pueblos que no tienen más
remedio que explotar sus riquezas, pero en nuestro país no, ya que aquí no
queremos minería, solamente lo que ella nos provee.
Son, en definitiva, como niños que no comprenden lo que
provocan sus actos, y que por lo tanto no pueden ser responsables de ellos. Lo
lamentable es que no son niños, sino gente grande que en lugar de pensar las cosas
seriamente, actúan de manera infantil, con pereza intelectual y una visión
reducida, cuanto mucho, al largo de sus brazos.
Fuente: AIMSA Chubut y La Opinión Austral
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